La financiación del programa armamentístico norcoreano está bajo presión por una nueva ofensiva de Estados Unidos contra sus operaciones de robo de criptomonedas. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció estas acciones el 12 de noviembre de 2026, como parte de la investigación por el histórico ataque a Binance.

La medida alcanza más de USD 1.200 millones en criptomonedas, vinculadas al robo de aproximadamente USD 6.300 millones al exchange, ocurrido el 29 de octubre. El FBI atribuyó el ataque al grupo norcoreano TraderTraitor, vinculado al aparato militar de ese país.

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Los activos forman parte de los aproximadamente USD 2.700 millones que emisores de stablecoins y otras empresas del sector congelaron después del ataque. La autorización judicial permite avanzar sobre una parte de esos fondos y restringir su disposición.

Los atacantes comprometieron las hots wallets de Binance y ejecutaron transferencias no autorizadas a través de varias redes de criptomonedas, entre ellas Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana y XRP Ledger. Gran parte del dinero salió en aproximadamente 20 minutos.

Las autoridades continúan rastreando los fondos restantes, mientras los atacantes intentan ocultarlos mediante puentes entre redes, mezcladores y exchanges. Binance, por su parte, confirmó que ya cubrió los USD 6.300 millones afectados por el ataque con recursos propios y fondos de respaldo, tal como reportamos en CriptoNoticias.

La operación anunciada por el DOJ también alcanzó otra campaña de ciberdelincuencia denominada FaceStealer, atribuida a grupos norcoreanos identificados como Sapphire Sleet, UNC1069, APT38 y BlueNoroff, entre otros nombres.

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Esta modalidad de ingeniería social habría permitido robar más de USD 400 millones en los últimos 18 meses. Los atacantes utilizan cuentas comprometidas de víctimas anteriores para organizar videollamadas falsas, en las que reproducen grabaciones de personas conocidas por sus objetivos o emplean videos falsificados con inteligencia artificial.

Durante las reuniones simulan fallas técnicas y envían enlaces para solucionarlas. Al interactuar con ellos, las víctimas instalan programas maliciosos que permiten acceder a sus equipos, robar criptomonedas y comprometer otras cuentas. La campaña también apunta a desarrolladores de programas de código abierto, con el objetivo de acceder a sus repositorios y facilitar ataques a la cadena de suministro de software.

Como parte de la investigación, el FBI incautó la infraestructura en la nube utilizada en estas operaciones y obtuvo más de 900 grabaciones de cámaras web de víctimas.

Por el momento, la ofensiva de Washington apunta a una fuente de financiación que Corea del Norte ha explotado durante años. Pero mientras sus hackers diversifican los métodos de ataque, Estados Unidos enfrenta el desafío de perseguir fondos que pueden cruzar múltiples redes en cuestión de minutos.

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