La medida fue confirmada por un funcionario del Banco Popular de China (PBOC) en entrevista con la prensa financiera local.

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Según la autoridad, la institución monetaria, en coordinación con la policía y los organismos de supervisión del mercado, ordenó la suspensión de urgencia de la gira «Solana Accelerate China 2026». Esta serie de eventos tenía previsto realizar encuentros en Shanghái, Hangzhou, Shenzhen y Pekín para conectar a la comunidad local con el ecosistema de la red.

El despliegue de marketing encendió las alarmas en las oficinas estatales casi de inmediato. Según el representante del PBOC, el monitoreo regulatorio detectó que Solana utilizó entidades locales vinculadas para promover su marca de forma abierta en zonas de alta exposición. Este movimiento contraviene directamente las disposiciones vigentes en el país, que mantienen una postura estricta de prohibición sobre cualquier operación comercial ligada a los activos digitales.

La intervención estatal corta de raíz una iniciativa que había tomado por sorpresa a la industria. CriptoNoticias reportó que a mediados de octubre, la directora de seguridad de la Fundación Solana, Rachel Conlan, había celebrado públicamente la inauguración de un espacio de trabajo físico en Shanghái y la proyección del logo en el horizonte de la ciudad.

El hito resultó tan inusual dentro del severo contexto normativo local que incluso Changpeng Zhao, fundador de Binance, destacó la audacia de haber conseguido instalar una oficina y pautar publicidad en la potencia asiática (recordando que en China el uso de criptomonedas como medio de pago o inversión está prohibido).

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Fotografía del evento por el lanzamiento de la oficina de Solana en China.Inauguración de oficina de Solana en Shanghai. Fuente: Rachel Conlan – X.

Sin embargo, el aparato regulatorio no tardó en responder con todo su peso legal. El PBOC fundamentó su accionar en la notificación conjunta emitida en febrero de 2026 por ocho agencias estatales, la cual reiteró y amplió la prohibición establecida en 2021.

El funcionario detalló que el activo nativo de la plataforma tiene naturaleza de moneda virtual y que, además, la red provee la infraestructura tecnológica necesaria para la emisión y transacción de stablecoins como USDT.

Bajo el marco normativo actual, el Estado considera que estas redes no pueden cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero, por lo que tipifican sus operaciones y cualquier intento de promoción como una actividad financiera ilícita.

Lejos de tratarse de una simple advertencia administrativa, el episodio desencadenará consecuencias penales y comerciales para quienes colaboraron en la instalación física del proyecto.

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El Banco Central anticipó que, junto con los gobiernos locales, pondrá el foco en las entidades e individuos domiciliados en el país que hayan prestado asistencia a la plataforma extranjera.

Las autoridades ya confirmaron que llevarán adelante investigaciones contra los implicados, consolidando así el cerco sobre cualquier intento de las redes internacionales por permear la rígida frontera financiera del Estado.