Ma dijo que estas agencias se estaban involucrando cada vez más en proyectos cripto. Sin embargo, la participación de las agencias no ofrece la estabilidad que el sector esperaba obtener a través de la legislación.
“El objetivo a largo plazo, por supuesto, sigue siendo una ley que no pueda ser revocada cada vez que cambie un gobierno”, dijo Ma.
Según Michael Ho, cofundador de D3 (el equipo detrás de Doma Protocol), esta incertidumbre también afecta a los inversores institucionales.
“Con el proyecto de ley sobre la estructura del mercado paralizado, la política cripto de EE. UU. sigue basándose en las directrices de las agencias, que un futuro gobierno podría cambiar. Esto mantiene al capital institucional a la espera”, afirmó Ho.
“Sea cual sea el resultado, unas reglas claras transformadas en ley son las que atraerán capital institucional hacia los activos tokenizados del mundo real”.
En agosto, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) propuso una estructura para la recaudación de fondos en cripto, que incluía exenciones para ciertas ofertas de tokens y medidas de protección contra su clasificación como contratos de inversión. En septiembre, también actualizó las directrices relativas a la recompra de tokens, las redes cripto y los tokens de staking.
Mientras tanto, la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros y Valores de EE. UU.) presentó un plan regulador para el mercado cripto para su análisis por parte de la Casa Blanca el 17 de septiembre, dos días después de que el Senado no lograra avanzar con la ley CLARITY Act.
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