En general, los emisores estarían obligados a procesar las solicitudes de redención en un plazo de dos días hábiles. Si las reservas caen por debajo del nivel requerido (uno a uno), el emisor debería notificar a la Reserva Federal y, o bien restablecer sus reservas mediante un plan de corrección, o bien liquidarlas y redimir los stablecoins en circulación.
Los emisores también deberían publicar informes mensuales en los que se detallen sus stablecoins en circulación, así como el valor y la composición de sus reservas.Las divulgaciones deberán ser examinadas por una firma de contabilidad pública registrada y certificadas por el CEO y el CFO del emisor. Una propuesta separada establecerá un proceso de solicitud para los bancos supervisados por la Fed que deseen obtener la aprobación para emitir «stablecoins» de pago a través de sus subsidiarias, incluyendo la obligación de presentar un plan de negocio e información financiera. Las propuestas están abiertas a comentarios públicos durante 60 días después de su publicación en el Federal Register. El gobernador de la Fed, Michael Barr, apoyó la propuesta, pero señaló que se necesitará más trabajo para que las «stablecoins» se conviertan en instrumentos de pago fiables. «Las “stablecoins” solo serán estables si pueden ser canjeadas de manera fiable y rápida a su valor nominal en diversas condiciones».“Esto incluye períodos de estrés en el mercado, cuando puede haber presión sobre el valor de la deuda gubernamental, que de otra manera sería líquida, así como en situaciones en las que el emisor individual o sus entidades relacionadas se encuentran en dificultades”, dijo Barr. Barr también señaló que le resultan alentadores los límites propuestos para los activos de reserva y los requisitos de capital estandarizados, y solicitó comentarios del público sobre si el marco regulador aborda de manera adecuada los riesgos relacionados con las tasas de interés y las divisas extranjeras. Además, indicó que los derechos de redención universales deben estar claramente establecidos en la normativa final, y expresó su preocupación por un estándar que impidiera a la Fed tomar medidas de supervisión o ejecución en casos de deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero, a menos que el problema se considerase “significativo o sistémico”. La Ley GENIUS entrará en vigor el 18 de enero de 2027, o 120 días después de que los reguladores federales emitan las normas de aplicación definitivas, lo que ocurra primero.



