Los emisores también tendrían que publicar informes mensuales en los que detallaran sus stablecoins en circulación y el valor y la composición de sus reservas. Las divulgaciones tendrían que ser examinadas por una firma de contabilidad pública registrada y certificadas por el CEO y el CFO del emisor.

Una propuesta separada establecería un proceso de solicitud para los bancos supervisados por la Fed que busquen aprobación para emitir stablecoins de pago a través de filiales, incluidos requisitos para presentar un plan de negocios e información financiera.

Las propuestas están abiertas a comentarios públicos durante 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

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Barr afirma que las stablecoins deben seguir siendo reembolsables durante las tensiones del mercado

El gobernador de la Fed, Michael Barr, apoyó la propuesta el jueves, pero dijo que se necesitaría más trabajo para que las stablecoins se conviertan en instrumentos de pago fiables.

“Las stablecoins solo serán estables si pueden reembolsarse de manera fiable y rápida a la par en una variedad de condiciones. Esto incluye los períodos de tensión del mercado, cuando puede ejercerse presión sobre el valor incluso de la deuda pública que, por lo demás, es líquida, y durante episodios de tensión en el emisor individual o sus entidades relacionadas”, dijo Barr.

Barr añadió que le alentaban los límites propuestos sobre los activos de reserva y los requisitos de capital estandarizados, al tiempo que pidió comentarios públicos sobre si el marco aborda adecuadamente los riesgos de tasas de interés y de divisas.

También dijo que los derechos universales de reembolso deberían establecerse claramente en la norma definitiva y expresó su preocupación por un estándar que impediría a la Fed tomar medidas de supervisión o ejecución contra una deficiencia en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, a menos que el problema se considere “significativo o sistémico”.

Está previsto que la Ley GENIUS entre en vigor el 18 de enero de 2027, o 120 días después de que los reguladores federales emitan las normas definitivas de implementación, lo que ocurra primero.

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